¿Qué es y cómo funcionan las obras por impuestos?
Escrito por: Luis Fernando Aristizabal Herrera | Enero 22 de 2025
En una región como América Latina y el Caribe, donde las necesidades de inversión social y de infraestructura se hacen tan evidentes, canalizar recursos privados hacia el mejoramiento de lo público demuestra un gran potencial para mejorar estructuralmente la calidad de vida de las personas e incentivar el desarrollo socioeconómico de estos lugares. En ese sentido, las obras por impuestos han demostrado aportar a estos objetivos, logrando contribuir a reducir las desigualdades y brechas sociales y de infraestructura existentes en países como Perú, Colombia, Ecuador, El Salvador, República Dominicana, entre otros. En este artículo explicaré en qué consisten y cómo han beneficiado sustancialmente a diversos países a lo largo de América del Sur y Centroamérica.
¿Qué son las obras por impuestos?
Las obras por impuestos son un mecanismo tributario que les permite a las empresas y organizaciones privadas participar directamente en la ejecución de proyectos de desarrollo e infraestructura pública en zonas afectadas por la pobreza y la violencia, utilizando parte del monto que estas habrían pagado en impuestos. En otras palabras, quiere decir que las empresas del sector privado tienen la posibilidad de pagar un porcentaje de su impuesto sobre la renta destinándolo a la inversión pública.
Este modelo busca agilizar la inversión en sectores estratégicos como la educación (a través de la construcción y dotación de colegios y escuelas); la salud (con el desarrollo de proyectos de infraestructura de hospitales y centros de salud, así también como la dotación de ambulancias y equipos biomédicos); y la facilitación de recursos que mejoran la calidad de vida de las comunidades, como lo son el agua potable (mediante la construcción y mejoramiento de acueductos), el saneamiento básico (sistemas de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales), la electrificación y el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad a las comunidades mediante proyectos de infraestructura del transporte, todo esto llevado a cabo en zonas prioritarias y de vulnerabilidad.
Adicionalmente a ello, existen otras líneas de inversión contempladas en el mecanismo como son la infraestructura deportiva, cultural y productiva, las tecnologías de la información y comunicaciones, pagos por servicios ambientales, gestión del riesgo, entre otras. Es por ello que las obras por impuestos son una herramienta innovadora que combina la responsabilidad social y fiscal de las empresas con el desarrollo sostenible de las comunidades.
El origen y la razón de ser del mecanismo
Las obras por impuestos surgieron como una alternativa para cerrar las brechas socioeconómicas y de infraestructura en países donde las necesidades sociales superan las capacidades de inversión del Estado. Este sistema se popularizó inicialmente en Perú en 2008 y ha servido de inspiración para su adopción en otros países de América Latina, incluidos Colombia y Chile.
El mecanismo tiene dos objetivos principales: primero, permitir que los impuestos se traduzcan en beneficios tangibles para las comunidades y, segundo, fomentar la participación del sector privado en el desarrollo de obras de alto impacto social. De esta forma, se promueve una alianza entre el sector público y el privado dinamizando la ejecución de proyectos que, de otra manera, serían imposibles de ejecutar por la priorización de los recursos públicos o bien podrían enfrentar retrasos o cancelaciones por las limitaciones presupuestarias.
¿Cómo funcionan las obras por impuestos?
La puesta en marcha de este mecanismo implica una colaboración estrecha entre las empresas u organizaciones y el Estado, representado a partir de los entes gubernamentales (alcaldes, gobernadores o cualquiera que sean las figuras dependiendo del país que se trate). De esta manera, el proceso funciona a grandes rasgos a partir de las siguientes etapas:
- Identificación de proyectos elegibles: Los gobiernos identifican qué proyectos de infraestructura priorizar de acuerdo a los planes de desarrollo para que sean ejecutados a través de las obras por impuestos. Estos proyectos deben de ser viables a nivel técnico y estar alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Postulación y selección de empresas: Las empresas y organizaciones privadas interesadas en participar eligen uno o más proyectos de la lista oficial. Para hacerlo, deben cumplir ciertos requisitos establecidos por la autoridad fiscal, como demostrar solvencia financiera y experiencia en la ejecución de proyectos similares.
- Convenio entre las partes: Una vez seleccionada la empresa, se firma un convenio tripartito entre la compañía, el gobierno local o regional, y la autoridad tributaria. Este acuerdo establece las condiciones específicas del proyecto, incluyendo plazos, presupuesto y mecanismos de supervisión.
- Ejecución del proyecto: La empresa asume la ejecución directa del proyecto, ya sea a través de sus propios equipos o contratando terceros. Durante esta etapa, se realiza un monitoreo constante para garantizar que los estándares de calidad y los plazos sean cumplidos.
- Compensación tributaria: Al finalizar el proyecto y previa validación de su correcta ejecución, la empresa recibe un certificado de inversión que puede ser utilizado para pagar el monto equivalente de sus impuestos. En algunos casos, el certificado puede ser transferido o negociado en el mercado financiero, dependiendo de la normativa del país.
Ventajas de las obras por impuestos
Este mecanismo tiene múltiples beneficios para los diferentes actores involucrados:
Para el Estado:
- Permite ejecutar proyectos de forma más rápida y eficiente, reduciendo los costos asociados a la burocracia.
- Incrementa la capacidad de inversión pública sin comprometer el presupuesto estatal.
- Promueve la transparencia en la asignación de recursos, dado que las empresas participantes deben rendir cuentas de sus avances.
Para las empresas:
- Les otorga una mayor visibilidad y prestigio al asociar su imagen con proyectos de impacto social.
- Les permite fortalecer su relación con las comunidades, lo que puede traducirse en beneficios reputacionales y comerciales.
- Genera incentivos fiscales directos al permitir que una parte de sus impuestos se destine a proyectos específicos.
Para las comunidades:
- Mejora el acceso a servicios básicos y fortalece la infraestructura local.
- Incrementa la participación ciudadana al permitir que las comunidades opinen sobre las necesidades prioritarias.
- Estimula el desarrollo económico local al generar empleo y dinamizar la economía durante la ejecución de los proyectos.
Obras de impuestos en Colombia
En Colombia, las obras por impuestos fueron establecidas como modalidad de inversión social dentro de la Reforma Tributaria de 2016 (Ley 1819 de 2016), y reglamentadas por el Decreto 1915 de 2017, a través del cual se expone que las empresas privadas contribuyentes al impuesto de renta y complementarios pueden realizar el pago de hasta el 50% de impuesto de renta a través de este mecanismo.
Esta modalidad ha cobrado relevancia en el marco de los acuerdos de paz, ya que las obras por impuestos se han utilizado para reconstruir infraestructura en Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC). Esto ha contribuido al desarrollo de comunidades rurales y al fortalecimiento de la paz territorial. Colombia ha sido un buen ejemplo de cómo instaurar este mecanismo a través de medidas de supervisión estrictas, ya que se busca que el control y la inspección del desarrollo de las obras esté presente en las diversas fases de este, comenzando desde la formulación de los proyectos hasta la ejecución y recibo final de los mismos, acompañados de la constante presencia del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) que vigilan todo el proceso.
En Smurfit Westrock consolidamos nuestra participación a este mecanismo a través de nuestra inversión de más de $46.100 millones de pesos en proyectos de alto impacto en sectores de educación e infraestructura vial, beneficiando a más de 200.000 personas pertenecientes a los municipios de Riosucio (Caldas), Salento (Quindío) El Tambo y Cajibío (Cauca) Bolívar y Darién (Valle del Cauca). Esto lo hemos logrado por medio de la alianza con los gobiernos nacional y local, de modo que, a través de estos proyectos, buscamos en nuestra organización promover el bienestar de las comunidades rurales y el desarrollo económico de las mismas al fomentar la generación de empleos y el progreso social.
Incursión en otros países y casos de éxito
En Perú
Perú es pionero en América Latina en implementar las obras por impuestos, con su Ley 29230 promulgada en 2008. Este mecanismo permite a las empresas privadas financiar y ejecutar proyectos de infraestructura pública en sectores como salud, educación, transporte y agua potable. A cambio, las empresas reciben un Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), el cual pueden utilizar para compensar hasta el 50% del Impuesto a la Renta empresarial.
El modelo peruano ha sido exitoso gracias a su enfoque descentralizado, permitiendo que las regiones y municipios gestionen directamente las prioridades de inversión. Hasta la fecha, este sistema ha financiado cientos de proyectos, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso. La transparencia del proceso y la participación activa de las empresas en la ejecución de los proyectos han sido claves para su aceptación y expansión.
En Ecuador
En Ecuador, el mecanismo de obras por impuestos se ha promovido como parte de la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas y la Inversión Extranjera, promulgada en 2015. Su modelo pone un fuerte énfasis en la colaboración entre el Estado y el sector privado, incluyendo un marco normativo que prioriza proyectos de alto impacto social. Y aunque todavía se encuentra en desarrollo, este sistema permite que las empresas ejecuten proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía y agua potable, descontando posteriormente los costos del Impuesto a la Renta.
En República Dominicana
En República Dominicana, las obras por impuestos están contempladas como parte de los incentivos fiscales establecidos en la Ley 28-01, enfocada en promover el desarrollo en las provincias fronterizas. Este sistema permite a las empresas destinar parte de sus obligaciones tributarias a la ejecución de proyectos de infraestructura local.
Sin embargo, su implementación ha sido limitada, lo cual ha permitido poner en evidencia que para la ejecución de estos procesos se requiere un fortalecimiento institucional que asegure la transparencia y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
En Argentina
En Argentina, el sistema de obras por impuestos se ha explorado como un mecanismo para incentivar el desarrollo en regiones con gran desigualdad. Aunque todavía no está completamente institucionalizado a nivel nacional, algunas provincias como Salta y Jujuy han implementado proyectos piloto en colaboración con empresas privadas.
Estas iniciativas buscan financiar infraestructura básica, como escuelas y centros de salud, a través de compensaciones fiscales otorgadas a las empresas que invierten en estos proyectos. A pesar de su potencial, el modelo argentino enfrenta desafíos como la centralización del sistema fiscal y la falta de un marco legal uniforme, lo que limita su adopción generalizada.
En Chile
En Chile, las obras por impuestos se encuentran en una etapa inicial, pero han generado interés debido a su potencial para mejorar la infraestructura en zonas vulnerables. El gobierno chileno ha adoptado este mecanismo para fomentar la inversión privada en regiones rurales y áreas afectadas por desastres naturales.
El sistema chileno está diseñado para ser flexible, permitiendo que las empresas colaboren en proyectos de infraestructura social y económica. Aunque todavía no se ha implementado a gran escala, se espera que, con un marco regulatorio sólido, este modelo pueda contribuir significativamente al cierre de brechas de desarrollo.
Estos ejemplos demuestran cómo el modelo de obras por impuestos se ha adaptado a las particularidades de cada país, enfrentando desafíos locales pero también mostrando un enorme potencial para mejorar las condiciones de vida en las comunidades más necesitadas al tiempo que se genera mayor confianza entre las empresas, el gobierno y la ciudadanía.
